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El espantapájaros de la Inestabilidad Jurídica

Me correspondió participar en este evento, el día viernes 4 de octubre, en Barranquilla, sobre un tema de la mayor trascendencia para el país y sobre todo para la Región Caribe: el reto de la exploración offshore en la búsqueda de mayores reservas de gas natural, con miras a detener la caída de las reservas probadas, habida cuenta que estas han caído el último año hasta los 3.7 TPC, las cuales sólo nos alcanzarían para 9.8 años de autoabastecimiento. Como moderador del panel sobre la estabilidad jurídica hice estos planteamientos, los cuales comparto.

A juicio del Premio Nobel de Economía Douglas North, los dos principales obstáculos para el crecimiento y el desarrollo económico y social son los elevados costos de transacción y la inseguridad jurídica.

En Colombia, hoy por hoy, una de las mayores preocupaciones, sino la mayor, de las empresas, sobre todo en el sector minero-energético, es la falta de estabilidad jurídica. Lo que desean las empresas es tener certidumbre, certeza sobre las reglas de juego y que estas no se las cambien en la mitad del partido, máxime en la actividad extractiva, en la que los proyectos son de larga maduración.

Son dos las principales fuentes de inestabilidad jurídica en Colombia, que nos tienen permanentemente del timbo al tambo:

La inflación legislativa, alentada por lo que denomina el ex ministro de Estado Alfonso Gómez Méndez como el “fetichismo normativo”, de creer que todos los problemas del país se pueden resolver simplemente cambiando las normas.
Basta con señalar que entre 2010 y 2014 se expidieron 296 leyes. Valga decir que, desde la publicación del primer diario oficial hasta mediados de 2017, seguían vigentes 16.000 leyes.

➢ El que se ha dado en llamar “activismo judicial”, que se manifiesta con la judicialización de la actividad económica, expuesta al constante zarandeo a consecuencia de la proliferación de fallos y sentencias, cada vez más recurrentes, que afectan su actividad, así como los continuos cambios de jurisprudencia por parte de las altas cortes.

La inseguridad jurídica es una especie de espantapájaros para la inversión y los inversionistas. Así como no se puede hablar de seguridad ciudadana sacando al ejército para que patrulle las calles, la seguridad jurídica debe responder a la estabilidad normativa y no a los contratos de estabilidad jurídica, como los previstos en la ley 963 de 2005, pues el efecto en uno y otro caso es contraproducente, pues ello hace que el mensaje que se envía y la percepción que se tiene es de mayor inseguridad.

No hay que olvidar, echando en saco roto, los costos que le pueden significar al estado la falta de seguridad jurídica, habida cuenta que Colombia hasta el 2017 tenía 13 acuerdos internacionales de inversión (Aii) que debe honrar, entre ellos los suscritos con España, México, China, India, entre otros, pues su incumplimiento se traduce en costosos pleitos, tocándole a la nación pagar los platos rotos.

 

Fuente : Amylkar D. Acosta M. - Miembro de Número de la ACCE

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